El debate sobre el cepo cambiario se ha convertido en una de las principales grietas en el discurso económico argentino, evidenciando la complejidad del equilibrio necesario entre apertura y control en el mercado cambiario. Mientras algunos sectores abogan por una rápida eliminación del cepo para atraer inversiones, otros advierten sobre los riesgos de una liberalización apresurada en un mercado aún inestable.
El cepo en su versión kirchnerista, implementado para controlar desequilibrios económicos, ha mostrado ser ineficaz en resolver los problemas estructurales. La estrategia de mantener un control de cambios rígido, combinada con un elevado gasto fiscal y monetario, ha resultado en inflación desmedida, pérdida de reservas y estancamiento económico. El período de liberalización total entre 2016 y 2019, que prometía una lluvia de inversiones, se transformó en una tormenta de capitales volátiles, llevando al país a una nueva fase de control cambiario para frenar la fuga de capitales.
Frente a estos extremos, se argumenta que una solución más equilibrada es posible. Una agenda cambiaria superadora debe distinguir entre el control de cambios y la regulación del mercado de divisas. Se sugiere que, hasta que se consoliden los equilibrios macroeconómicos—incluyendo una inflación baja y reservas sólidas—, deben mantenerse ciertas regulaciones sobre la formación de activos externos y el turismo al exterior. La liberalización prematura podría desatar una demanda insostenible de divisas y poner en riesgo la recuperación económica. Por ello, se propone una regulación que permita la compra de divisas para atesorar y viajar de manera controlada, sin afectar las reservas del Banco Central.
La necesidad de reformas también abarca el régimen cambiario actual, que define que el 20% de las exportaciones se canalice al mercado de precios (MEP) para reducir la brecha cambiaria. Este esquema, que funcionó en condiciones de emergencia, ha mostrado limitaciones cuando la demanda de importadores y otros factores han generado déficit. Es imperativo, por tanto, avanzar hacia una mayor flexibilidad en la negociación de productos e insumos y eliminar regulaciones que aún persisten, como las restricciones al pago de dividendos y las vinculaciones entre operaciones en el MEP y el mercado oficial.
En cuanto al tipo de cambio, se reconoce que la fijación actual, con un valor del dólar cercano a los $940, podría necesitar ajustes. Aunque este valor es superior al de períodos anteriores, la depreciación del real y otros factores han agudizado la situación. Se sugiere que, cuando se elimine el impuesto PAIS y el cepo se flexibilice, el tipo de cambio oficial podría requerir un ajuste hacia los $1050/1100 para equilibrar el mercado.
En conclusión, el camino no pasa por una dicotomía entre la eliminación total del cepo o el mantenimiento de controles estrictos, sino por la implementación de una agenda cambiaria que permita una transición ordenada. Este enfoque debe estar orientado a acumular reservas, defender la competitividad y establecer las bases para una reactivación económica sostenible, en un contexto de crecimiento productivo genuino.
