La Corte Suprema de Justicia desestimó este jueves los planteos del sindicalista Omar “Caballo” Suárez y otros dirigentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), permitiendo que la causa por administración fraudulenta y asociación ilícita contra el gremio continúe siendo investigada. Esta decisión se produce luego de que el Tribunal Oral Federal N°4 de la Capital Federal absolviera a los 17 acusados en junio de 2022, veredicto que fue posteriormente anulado por la Cámara Federal de Casación Penal.
En junio de 2022, el Tribunal Oral Federal N°4, compuesto por Néstor Costabel, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñiguez, había absuelto a Suárez y a otros 16 acusados. Sin embargo, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión al considerar que las absoluciones se basaron en un “análisis fragmentario de la prueba del caso”. Casación subrayó que la mayoría de las maniobras delictivas estaban “íntimamente vinculadas” y enmarcadas en un contexto de “uso abusivo de estructuras societarias”. Además, destacó que los acusados cumplían roles simultáneos en estas estructuras y eran los “beneficiarios finales” de las maniobras.
Las defensas de los acusados apelaron la decisión de Casación, llevando los recursos a la Corte Suprema. Sin embargo, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó estos recursos por falta de sentencia definitiva. Así, la investigación continuará adelante. La causa, inicialmente impulsada en 2016 por la interventora del SOMU, Gladys González, quien luego fue electa senadora bonaerense por Cambiemos, incluye acusaciones de administración fraudulenta y asociación ilícita.
El fallo de Casación fue firmado por los camaristas Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Daniel Petrone. La decisión de anular la absolución está en línea con el recurso presentado por los fiscales Patricio García Elorrio y Nicolás Czizik, que fue sostenido ante el máximo tribunal penal por el fiscal general Raúl Pleé. Los fiscales remarcaron la “particular interacción comercial” entre el Sindicato, la Fundación Azul, la mutual, la obra social y las empresas San Jorge Marítima S.A., Malonot S.A. y Elite Viajes S.A., integradas por los imputados. El juicio se llevó a cabo durante 2021 y 2022.
Casación ordenó que el tribunal oral dicte un nuevo pronunciamiento en torno a los puntos del fallo que beneficiaron a Suárez y a otros 16 acusados. Entre los absueltos se encuentran Juan Manuel Medina, Mario Aníbal Morato, Jorge Agustín Vargas, Rigoberto Reymundo Suárez Cardozo, Julio César Barrera, Débora Andrea Medina, María del Carmen Cabrera Peña, Carlos Ítalo Ruíz, Juan Hugo Baneki, Leonel Luciano Abregú, Alejandro Antonio Giorgi, Rubén Alejandro Moreira, Felipe Brighinia, Adolfo Guillermo Vissani, Luis José Clemente y Carlos Alberto Tinant.
Además, por mayoría, el tribunal revisor rechazó la impugnación de la fiscalía y confirmó las absoluciones por el delito de puesta en peligro de la seguridad de una embarcación respecto de Suárez, Suárez Cardozo y Vargas. Estos fueron imputados por la falta de prestación del servicio de “atar cabos” para el ingreso del buque Kota Lawa al puerto de Buenos Aires en abril de 2012. Tanto el tribunal oral como el revisor coincidieron en que no se generó el peligro necesario para aplicar la sanción.
“La prueba documental y testimonial analizada de manera integral alude a contrataciones, préstamos y retiros de dinero que impiden concluir en la inexistencia de un perjuicio económico”, sostuvo la Cámara Federal de Casación. Los camaristas Petrone y Gemignani coincidieron con la fiscalía en que el tribunal oral había valorado la prueba de manera fragmentada y que debió evaluar todas las conductas en su contexto. En consecuencia, la absolución dictada quedó desprovista de fundamentación, lo que impone su anulación.
Así, la Corte Suprema reafirma la continuidad de la investigación contra Suárez y otros dirigentes del SOMU, en una causa que ha generado amplio interés público y político.
