Finalmente, la provincia de Río Negro se adjudicó la millonaria inversión para el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) en Argentina, desbancando a Buenos Aires en la competencia por el proyecto, que implica un desembolso de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares. El acuerdo, que involucra a YPF y Petronas, se centrará en el desarrollo de GNL a partir del gas de Vaca Muerta, la segunda reserva de shale gas más grande del mundo.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue un factor clave en la decisión. Este régimen, parte de la Ley Bases, se ha convertido en una herramienta crucial para atraer inversiones extranjeras al garantizar estabilidad y protección para las empresas multinacionales. Para el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el RIGI representa la “respuesta única que puede dar el Estado por sus antecedentes” para atraer inversiones significativas. En contraste, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, optó por no adherir al RIGI, lo que le costó la inversión.

El trasfondo político del conflicto incluye una serie de cuestiones legales, como el juicio de US$ 16.000 millones que Burford Capital ha presentado contra el Estado argentino por la nacionalización del 51% de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol y Petersen. Además, el presidente Javier Milei ha señalado a Kicillof como un “expropiador serial”, complicando aún más el escenario para Buenos Aires.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, fue enfático al afirmar que “sin RIGI, no hay GNL”, subrayando que el régimen era indispensable para el éxito del proyecto. El RIGI ha sido criticado por el kirchnerismo, que argumenta que es “ruinoso” para el país al no asegurar la liquidación de dólares en el Banco Central (BCRA) después de la extracción de los recursos. Sin embargo, defensores del régimen argumentan que “el 35% de 0 es 0” y que es preferible recibir la inversión, incluso con pocos impuestos y retención de divisas.

El proyecto “Argentina LNG” implica una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en los próximos siete años, con el objetivo de desarrollar una infraestructura integral que incluye la construcción de dos barcazas flotantes de licuefacción y una planta en tierra. Además, se construirán tres gasoductos de 600 kilómetros que partirán desde Neuquén. La propuesta está estructurada como un “project finance”, lo que requerirá de un significativo financiamiento internacional y contratos a largo plazo con compradores.

La Argentina busca posicionarse en el mercado global de GNL, donde los principales exportadores son Estados Unidos, Qatar, Australia, Malasia y Rusia. La demanda de GNL está en crecimiento, especialmente en Europa y China, que buscan reemplazar combustibles más contaminantes como el carbón. El gas de Vaca Muerta deberá competir con el de Estados Unidos y ofrecer precios competitivos para satisfacer la demanda internacional.

Además, el RIGI ofrece ventajas como la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, estabilidad impositiva y regulatoria por 30 años, y exención de impuestos a las importaciones y exportaciones. También se contemplan mecanismos para garantizar la resolución de conflictos en tribunales internacionales, una cláusula controvertida que excluye la jurisdicción argentina. Esta normativa también incluye exenciones impositivas y mecanismos ágiles para permisos y habilitaciones.

El desarrollo de este proyecto no solo promete un incremento significativo en las exportaciones de GNL, con una estimación de 120 millones de m³ diarios para 2031, sino también una expansión en el sector del petróleo, con exportaciones adicionales que sumarían otros US$ 15.000 millones anuales. La apuesta por el gas natural en el contexto de la transición energética global presenta una oportunidad estratégica para la Argentina en el mercado internacional.