El Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader), una organización que incluye al ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff entre sus miembros, ha solicitado formalmente la indagatoria del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntos delitos de lesa humanidad. Esta petición, que fue presentada al juez Sebastián Ramos y al fiscal Carlos Stornelli, busca que Maduro sea llamado a declarar en Argentina. En caso de no presentarse, se requeriría su captura internacional.

En el escrito dirigido a las autoridades judiciales argentinas, el abogado Tomás Farini Duggan, representante de Fader, demanda que se lleve a cabo la citación de Maduro “bajo apercibimiento de disponer su captura internacional en caso de no presentarse sin debida justificación” ante la justicia argentina. Farini Duggan fundamenta esta solicitud en la jurisdicción universal para crímenes contra la humanidad, respaldada por un fallo de la Cámara Federal, el Tratado de Roma y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

El letrado recuerda que la Cámara Federal porteña ha establecido que “los hechos denunciados deben ser investigados por el Tribunal, pues se trata de crímenes sujetos a la jurisdicción universal”. En este contexto, el juez Ramos tiene la obligación de investigar, independientemente de que los delitos hayan sido cometidos en el extranjero, por extranjeros y contra extranjeros. Los delitos mencionados en la denuncia han sido documentados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, dirigida por la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que ha acusado a Maduro y a otros altos mandos de su gobierno de ser responsables de estos crímenes.

El informe de la ONU detalla graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, incluyendo crímenes de lesa humanidad perpetrados por los grupos de seguridad del país. Farini Duggan hace referencia a las ejecuciones extrajudiciales, en las que los principales afectados fueron jóvenes hombres asesinados después de estar bajo custodia de las fuerzas de seguridad. El abogado también menciona los abusos sexuales y torturas documentadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que incluyen amenazas de violación, acoso, asfixia y electrochoques. Estas torturas habrían sido llevadas a cabo bajo la supervisión de oficiales al mando del Sebin, quienes también serían responsables de estos actos.

El informe inicial de la ONU revisó más de 400 casos de ejecuciones extrajudiciales, seleccionando 18 de ellos para ilustrar la gravedad de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Con esta petición, Fader busca que la justicia argentina tome acciones concretas frente a las acusaciones internacionales y subraya la importancia de la jurisdicción universal en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad.