En un esfuerzo por evitar un nuevo aumento en las tarifas de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y controlar la inflación, el Gobierno decidió otorgar un incremento de subsidios de aproximadamente $20.000 millones al mes. Esta medida eleva las transferencias totales de la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires a las empresas de transporte de $160.000 millones mensuales a aproximadamente $180.000 millones, según fuentes del sector privado. Del total, la Nación aporta un 40%, la Ciudad un 10% y la provincia de Buenos Aires un 50%.
A pesar de este aumento en los subsidios, los costos reales de operación de las empresas de transporte no están totalmente cubiertos, lo que ha llevado a un ajuste progresivo en la estructura del transporte público. Este ajuste ya se manifiesta en la reducción de frecuencias y recortes de personal, situación que mantiene en alerta al sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
El Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte han estado simulando diversos escenarios para evaluar el impacto en las cuentas públicas y la inflación de un posible aumento del boleto de colectivo, actualmente congelado en un mínimo de $270 desde febrero. Una de las simulaciones consideraba elevar el boleto mínimo a $370, un incremento del 37%, pero esta propuesta quedó descartada. Formalmente, la Nación podría avanzar sin audiencia pública con una actualización de hasta el 79,8% -la inflación acumulada en el primer semestre de 2024-, lo que llevaría el boleto mínimo a $485,46.
La prioridad del ministro de Economía, Luis Caputo, es que la inflación mensual continúe bajando, con el objetivo de llegar a 0% a fin de año o incluso alcanzar una deflación. Según una proyección de la consultora EcoGo, un alza del boleto de 51,6% podría incrementar la inflación en 1,16 puntos porcentuales. La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) reportó que el Gobierno reconoció un costo total de $863 por pasajero en junio, mientras que el costo real fue de $1.192 sin IVA, o $1.317 con el IVA incluido. Esta diferencia resulta en una pérdida mensual de $54.367,09 millones, afectando la calidad del servicio, las frecuencias, la seguridad y la renovación de unidades.
Ante la imposibilidad política de aumentar las tarifas y la falta de margen económico para aumentar aún más los subsidios, el Gobierno ha optado por reducir la cantidad de unidades en circulación y disminuir las frecuencias y el personal. AAETA reportó una caída del 6% en la cantidad de kilómetros recorridos, un 3% en la cantidad de coches en circulación y un 5% en los pasajeros durante los días hábiles en lo que va de julio. Los domingos, estas cifras caen hasta un 7%, 5% y 17%, respectivamente.
La UTA ha advertido sobre posibles despidos, que podrían afectar a unos 1.000 trabajadores. “La dignidad no se negocia”, declaró el secretario general del gremio, Roberto Fernández. Hasta la fecha, el Gobierno nacional ha desembolsado $454.024,92 millones en subsidios a los colectivos a través del programa Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), lo que representa una caída cercana al 30% en términos reales comparado con el mismo período del año pasado.
Mientras tanto, las provincias han recibido apenas $17.300 millones a través del ahora eliminado Fondo Compensador del Interior, obligándolas a ajustar sus tarifas. En paralelo, el Ministerio de Transporte está en negociaciones con la Ciudad de Buenos Aires para que Jorge Macri asuma la gestión de las 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de la ciudad, sin cruzar el Riachuelo o la avenida General Paz. Estas conversaciones se aceleraron después de que Caputo confirmara que la Nación cumplirá con el fallo de la Corte Suprema de diciembre de 2022 sobre la coparticipación, lo que significará una transferencia adicional de $80.000 millones por mes a la Ciudad.
