El empleo público ha pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A pocas semanas de asumir su cargo, Sturzenegger avanza en varios proyectos que modificarán las condiciones de trabajo en el sector estatal, incluyendo un régimen de subsidios de hasta 12 meses para que las empresas privadas contraten a empleados desplazados debido a la eliminación o fusión de unos 60 organismos.
Sturzenegger, ideólogo de la Ley Bases, busca aprovechar la delegación de facultades que la norma le confiere al Ejecutivo por 12 meses, permitiéndole eliminar estructuras del organigrama estatal sin necesidad de pasar por el Congreso, salvo por algunas excepciones. Este poder le permite avanzar sobre la planta permanente, con el pase a disponibilidad del personal afectado por la reestructuración o la reducción de órganos considerados excedentes. Según la normativa, los empleados que no sean reubicados deberán recibir capacitación o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado con goce de sueldo. Después de 12 meses, si no han formalizado una nueva relación laboral, serán desvinculados e indemnizados.
Una nueva pata del plan de “racionalización” contempla la reubicación voluntaria del personal disponible en el sector privado mediante un régimen de “incentivos”. En una entrevista con Radio Mitre, Sturzenegger explicó: “Cuando se fusionan o cerrás organismos, ¿qué haces con la gente? Se le protege el salario durante 12 meses y después se le da una indemnización. Vamos a hacer un esquema para que en esos 12 meses el trabajador pueda ir a una empresa privada y le diga: ‘Probame’. Y esa plata, esos 12 meses se la vamos a dar a la empresa. Si el trabajador quiere, se la damos a él, pero si elige, se la damos a la empresa”.
En las últimas horas, el gremio ATE advirtió que el ministro busca eliminar organismos como el INADI, el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros. La iniciativa forma parte de la agenda del Consejo de Mayo, que busca reglamentar la reforma laboral y reinstalar el capítulo laboral del DNU 70, frenado en la Justicia por un amparo de la CGT. Un funcionario confirmó: “Estamos analizando cómo hacer para que el sector público pueda tener personas que puedan pasar al sector privado de una manera adecuada. La mesa del diálogo tiene que ver también con esto”.
El principal desafío que enfrenta el proyecto oficial es la fuerte recesión inducida por el plan de ajuste, que disminuyó la inflación pero también frenó las contrataciones. Entre noviembre y marzo se perdieron 126.000 puestos de trabajo asalariado registrado, incluyendo 95.000 en el sector privado, 22.000 en el sector público y 9.000 en casas particulares, según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Luis Beccaria, extitular del INDEC y economista de la UBA, señaló: “No creo que haya habido antecedentes en Argentina, pero hay experiencia de subsidios al empleo a empresas si contratan algunos grupos de personas. En general, no tienen muchos efectos en generar empleo agregado; lo que suelen hacer es que las empresas que ya tenían pensado contratar trabajadores decidan optar por aquellos con subsidio”.
Sturzenegger también busca implementar un examen adicional de ingreso a la administración pública. La Ley N° 25.164 Marco de Empleo Público establece para el ingreso a la carrera administrativa la acreditación de condiciones de conducta e idoneidad, verificadas mediante regímenes de selección bajo el principio de igualdad de oportunidades y trato, publicidad y transparencia. Sin embargo, el funcionario cree que el régimen de concursos “no sirvió para filtrar”. Los cambios propuestos apuntarían a esquivar el control y participación gremial, siguiendo el modelo que aplicó al frente del Banco Ciudad entre 2013 y 2015, donde se priorizó la selección de los “mejores promedios” y se eliminó el ingreso de familiares. En conversaciones con empresarios, Sturzenegger se ha jactado de haber implementado un proceso de selección similar al de las empresas privadas. “Si pudiéramos hacer lo mismo en el sistema público, escaparíamos de los ñoquis”, afirmó en mayo.
