El Gobierno ha oficializado los cambios que afectarán el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido como monotributo. Con la firma del presidente Javier Milei, la vicepresidenta Diana Mondino y el ministro de Economía, Luis Caputo, se implementan las modificaciones sancionadas en el paquete fiscal aprobado por el Congreso en junio pasado. A través del decreto 661/2024, publicado en el Boletín Oficial, se reglamenta la ley que establece nuevas normativas para los monotributistas.
Una de las principales modificaciones es que los monotributistas que empleen hasta tres trabajadores no los considerarán como empleados en relación de dependencia, sino como “colaboradores”. Esto implica que cada colaborador abonará la cuota de monotributo con sus tres componentes: impuesto, obra social y previsión. Cada colaborador podrá adherirse de forma individual al régimen y abonar la cuota correspondiente. El Ministerio de Trabajo reglamentará las condiciones específicas para esta medida. “El contribuyente deberá recategorizarse en base a la anualización proyectada de los ingresos a los seis meses. Si excede los parámetros, se categorizará en la Categoría K hasta el próximo semestre”, explicó el tributarista Fernando López.
Detalles y Ajustes en la Reglamentación
La reglamentación también incluye la actualización del monotributo desde el 1 de enero de 2025, ajustando los valores según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los meses de enero y julio. Para la recategorización, se deberán tener en cuenta estos nuevos valores. Además, se define la “unidad de explotación” como el espacio físico utilizado por el contribuyente, incluyendo inmuebles en locación siempre que estén respaldados por contratos registrados. Si el contrato no está registrado, cada inmueble se considerará una unidad de explotación, con un máximo de tres unidades por actividad.
Otro punto destacado es la posibilidad de reingresar al monotributo para aquellos que habían renunciado al régimen pero continúan con su actividad. Podrán volver a adherirse en cualquier momento, siempre y cuando cumplan con las condiciones exigidas, sin los beneficios que se aplican normalmente. “Esta medida deja en desventaja a aquellos que han sido excluidos o renunciados durante el 2022 y 2023, ya que deben esperar tres años para volver al monotributo, cuando en dichos períodos el monto máximo de facturación fue realmente muy bajo”, señaló Fernando López Chiesa. Los monotributistas sociales también deberán inscribirse bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano para obtener la exención del impuesto integrado y el aporte previsional mensual, siempre que no superen el monto facturado de la categoría A.
Impacto y Nuevas Categorías
La recategorización es un procedimiento obligatorio que deben realizar los monotributistas cada seis meses para determinar si, de acuerdo a los ingresos de los últimos 12 meses, corresponde cambiar de categoría. El Gobierno ha establecido que hay tiempo hasta el 2 de agosto para realizar este trámite, después de algunos cambios de fechas debido a la demora en la aprobación del paquete fiscal. Las obligaciones de pago resultantes de la recategorización tendrán efecto entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de enero de 2025.
La aprobación del paquete fiscal no solo aumenta los niveles de facturación, sino también la cuota mensual a pagar. Se extienden los límites de facturación para locaciones y servicios, equiparándolos a la venta de cosas muebles, con incrementos en los parámetros para el encuadramiento en cada categoría. Para el caso de obras, locaciones y prestaciones de servicios, la cuota impositiva aumenta entre el 278% y 510%, mientras que la de seguridad social y obra social también registran incrementos significativos. En el caso de venta de bienes, la cuota total para quienes paguen los tres componentes (impositivo, seguridad social y obra social) aumentará entre 219% y 353%.
En conclusión, el nuevo régimen simplificado para pequeños contribuyentes, implementado por el gobierno de Javier Milei, introduce una serie de modificaciones significativas que buscan adaptar el sistema a las necesidades actuales de los monotributistas, aunque con ajustes y aumentos que impactarán en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
