El fiscal federal Carlos Stornelli ha presentado una denuncia acusando al Gobierno del ex presidente Alberto Fernández de entregar irregularmente al menos 13 predios millonarios del Ejército y la Fuerza Aérea a varios sindicalistas, entre ellos Víctor Santa María (encargados de edificios), Roberto Baradel (CTERA), Héctor Daer (sanidad) y Ariel Furman (UOM).
En un dictamen de 10 páginas al que accedió Clarín, Stornelli señaló que el ex presidente utilizó el Ministerio de Defensa y la SEDRONAR de manera “irregular” y gratuita, a través de la Administración de Bienes del Estado (AABE). La denuncia también menciona otros nueve casos de cesiones realizadas en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Esta acusación se suma a la previa denuncia de Stornelli sobre la entrega irregular de terrenos del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche.
La denuncia, basada en una investigación del programa de TV La Cornisa de Luis Majul, ha sido remitida a la jueza federal María Eugenia Capuchetti y la fiscal Alejandra Mángano. Entre los ejemplos mencionados, se incluye la desafectación de un predio de 120,000 metros cuadrados de la Fuerza Aérea en la autopista Ricchieri Km. 33.5 de Ezeiza, entregado al sindicato de Víctor Santa María. Otro terreno de 160,000 metros cuadrados en Ezeiza fue otorgado al sindicato de Roberto Baradel bajo un permiso de uso precario y gratuito.
Además, la SEDRONAR cedió 1,500 metros cuadrados ubicados en Humberto 1° nro. 550 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la CGT como cesión de uso gratuito. Por su parte, el Ejército cedió 80,129 metros cuadrados en la Autopista Camino del Buen Aire y General A. Soler en Remedios de Escalada, Partido de Tres de Febrero, a la UOM, a pesar de la cercanía de un campo de tiro, lo cual no fue considerado un peligro.
Las cesiones fueron autorizadas por el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi en los últimos años del gobierno de Alberto Fernández. Stornelli sostiene que estas acciones alcanzaron “otras áreas del Poder Ejecutivo, entre ellas el Ministerio de Defensa, con el presunto fin de beneficiar indebidamente a distintas entidades gremiales mediante el otorgamiento de permisos precarios de uso gratuito de distintos terrenos e inmuebles propiedad del Estado Nacional y en detrimento de los intereses de este último”.
Stornelli subrayó que “no hay evidencia de que se haya realizado, previo al otorgamiento de los permisos, algún tipo de convocatoria pública para que distintas entidades puedan presentarse y obtener el permiso de uso de estos inmuebles”. Según el fiscal, todos los predios fueron asignados directamente al AABE sin un plan para su uso, desconociéndose hasta cuándo los sindicatos beneficiados podrán hacer uso de dichos bienes.
La denuncia pone en cuestión la transparencia y legalidad de las cesiones de terrenos estatales durante el gobierno anterior, sugiriendo un posible favoritismo hacia entidades gremiales cercanas al oficialismo. La investigación judicial continuará bajo la supervisión de la jueza Capuchetti y la fiscal Mángano para determinar la veracidad de las acusaciones y las posibles responsabilidades penales involucradas.
