En una decisión unánime, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el rechazo de un recurso presentado por Emilio Becchi y Fabio Porta, quienes denunciaban fraude electoral en las elecciones parlamentarias italianas de 2018 por parte de ciudadanos residentes en Argentina. La Sala IV, compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, reafirmó que la causa no era competente en el ámbito judicial argentino.

El caso se originó en 2018 cuando surgieron sospechas de fraude en la elección del senador Adriano Cario, un empresario calabrés nacido en Uruguay y residente en Argentina, que obtuvo una banca en el Senado italiano gracias a una significativa cantidad de votos desde Buenos Aires. “La fiscalía de Roma certificó, mediante una pericia técnica, que miles de las papeletas que le dieron una banca en el Senado italiano a Cario fueron falsificadas en la capital argentina”, detalló uno de los informes. No obstante, la Junta para las Elecciones del Senado italiano validó su designación, lo que provocó una considerable controversia.

El caso adquirió mayor relevancia dado que en Argentina residen 783.204 ítalo-argentinos, más del 50% del total de votantes de la circunscripción de América Meridional, que eligen dos diputados y un senador para el parlamento italiano. La denuncia, presentada por Becchi y Porta, acusaba delitos de “asociación ilícita para cometer falsificación de instrumentos públicos, falsificación de firmas y violación de correspondencia epistolar”, en un intento por anular la elección de Cario. Sin embargo, el fiscal de primera instancia, Guillermo Marijuan, sostuvo que “los sucesos en cuestión fueron analizados en el marco de la causa n° CFP 4592/2018, que fue archivada por imposibilidad de proceder”.

Marijuan argumentó que, aunque las elecciones se realizaron en Buenos Aires, la organización y control de las mismas están regidos por leyes italianas. “La totalidad del material probatorio fue remitido a la Corte D’ Appello en Roma”, explicó. Además, la Cámara de Casación consideró que la denuncia no podía prosperar debido a la falta de competencia de los tribunales argentinos en asuntos electorales italianos. “La acción incoada se refería a una cuestión vinculada con elecciones organizadas y controladas por un estado extranjero, en este caso, la República de Italia”, señaló el fallo.

El juez Borinsky coincidió con sus colegas en el rechazo del recurso, aunque destacó que “la querella se encuentra legitimada para continuar con la promoción de la acción penal en delitos de acción pública con autonomía del Ministerio Público Fiscal”, siempre y cuando la jurisdicción esté legalmente habilitada, lo que no ocurrió en este caso.

Con esta decisión, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la imposibilidad de avanzar con la denuncia en territorio argentino, dejando en manos de las autoridades italianas cualquier investigación adicional sobre el supuesto fraude electoral en las elecciones parlamentarias de 2018.