Tras la aprobación de la Ley Bases, el presidente Javier Milei ha puesto el foco en la implementación de medidas concretas para responder a demandas históricas, como los reajustes de haberes jubilatorios. En una reciente reunión en la Quinta de Olivos con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, Milei finalizó los detalles de un plan que busca actualizar de manera inmediata los haberes de los jubilados que obtengan sentencias firmes por reajustes.

Según fuentes del Gobierno, el plan contempla separar la actualización mensual del haber de la parte retroactiva, asegurando que aquellos jubilados con sentencia firme vean un ajuste inmediato en sus ingresos, sin esperar los habituales retrasos administrativos de la ANSeS. Esta medida es parte de un esfuerzo por cumplir más rápidamente con las obligaciones judiciales y evitar litigios adicionales que podrían costarle al Estado intereses y gastos adicionales.

El proceso, que se iniciará con los nuevos casos y aquellos ya identificados desde la asunción de Milei, también tiene como objetivo resolver los 90 mil juicios pendientes hasta marzo de 2025, priorizando aquellos con mayor antigüedad. Esto representa un cambio significativo en la gestión de los recursos y en la respuesta del gobierno ante las demandas judiciales acumuladas en años anteriores.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ha respaldado esta iniciativa, destacando que el impacto presupuestario será mínimo en relación con el gasto total de la ANSeS. “Es el 0,3% del gasto previsional mensual de ANSeS”, explicó, subrayando la viabilidad financiera del plan.

A diferencia de programas anteriores, como la Reparación Histórica, los beneficiarios no necesitarán realizar trámites adicionales, sino que podrán seguir el estado de sus pagos a través del portal “MI ANSES”. Este enfoque busca simplificar el proceso para los jubilados y garantizar una respuesta más ágil y transparente por parte del gobierno.

En resumen, la administración de Milei está comprometida con resolver una deuda histórica con los jubilados argentinos, implementando medidas que prometen acelerar los tiempos de respuesta y mejorar la calidad de vida de aquellos que dependen de sus haberes para subsistir. Este movimiento es visto como un primer paso hacia una gestión más eficiente y responsable en materia previsional, respondiendo a demandas largamente postergadas por administraciones anteriores.