En un momento crucial para el sistema judicial argentino, la Corte Suprema de Justicia debe resolver si confirma la decisión que obligaría a Cristina Kirchner y su hijo Máximo a enfrentar un juicio oral en la causa Los Sauces-Hotesur. Esta investigación, que involucra presuntos hechos de corrupción, también tiene en el banquillo a otros trece imputados, incluyendo a empresarios como Cristóbal López, Fabián De Sousa y Lázaro Báez. Mientras tanto, el fiscal general de juicio, Diego Velasco, ha solicitado la incorporación de nuevas pruebas para el proceso.

La causa ha visto numerosos movimientos judiciales desde que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó, el 18 de septiembre de 2023, la reapertura del expediente y la realización del juicio. Esta decisión refuerza la idea de que la instancia más adecuada para que los acusados se defiendan es el debate oral. Sin embargo, la ex presidenta y actual vicepresidenta ha apelado a la Corte Suprema para revertir esta decisión y evitar sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados. La resolución final recae ahora en los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En paralelo, el fiscal Diego Velasco ha presentado un escrito solicitando al Tribunal una serie de medidas de prueba adicionales. “Vengo a solicitar nuevamente, no sólo la incorporación de las contestaciones que eventualmente fueran llegando al Tribunal durante esa suspensión, sino también a impulsar aquellas aún pendientes”, explicó Velasco en su presentación. Entre las pruebas que se buscan incorporar se encuentran los entrecruzamientos de llamadas telefónicas y los chats del celular de José López, ex secretario de Obras Públicas.

El expediente unificado Los Sauces-Hotesur indaga sobre una supuesta maniobra de lavado de activos en la que se habrían utilizado las empresas familiares de los Kirchner como “pantallas societarias” para reciclar fondos obtenidos por Lázaro Báez a través de la obra pública vial. Velasco también ha solicitado la inclusión de un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que detalla comunicaciones telefónicas entre Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros allegados durante el período en que se investigan los presuntos delitos.

La incorporación de estas pruebas podría ser determinante en el juicio. Según Velasco, “resulta pertinente requerir la reiteración/ampliación de todas las medidas allí mencionadas” para un análisis exhaustivo de las comunicaciones que involucran a los acusados. Además, destacó la relevancia de los informes periciales de los dispositivos electrónicos de José López, señalando que “surgen comunicaciones con varios de los imputados de estas causas, lo que permitirá analizar y determinar la implicancia que tiene el contenido de las diversas comunicaciones”.

En conclusión, mientras se espera la decisión de la Corte Suprema, el avance del proceso judicial y la incorporación de nuevas pruebas mantienen en vilo a la política y la justicia argentinas. La resolución de este caso podría tener profundas implicaciones para el futuro de Cristina Kirchner y otros implicados, subrayando la importancia de un sistema judicial que funcione con transparencia y eficiencia.