En un giro significativo dentro de la investigación sobre los disturbios ocurridos la semana pasada en las inmediaciones del Congreso, el fiscal Carlos Stornelli solicitó a la jueza María Servini reconsiderar la liberación de 14 de los 17 detenidos liberados previamente. Los incidentes, que coincidieron con el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, resultaron en daños y violencia que llevaron a la detención inicial de 33 personas.

Stornelli manifestó su preocupación por el riesgo de fuga y la posible interferencia en la investigación por parte de los detenidos. “La gravedad de los delitos imputados justifica que los acusados permanezcan detenidos hasta su indagatoria”, argumentó el fiscal. Los cargos abarcan desde “lesiones” y “daños simples y agravados” hasta delitos más serios como “incendio o estrago”, “delitos contra la seguridad pública”, “instigación a cometer delitos” e “intimidación pública”.

El fiscal presentó una lista detallada de acusaciones adicionales, que incluyen “incitación a la violencia colectiva contra las instituciones”, “pertenencia a agrupaciones con fines violentos”, “delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional”, “atentado contra la autoridad”, “resistencia a la autoridad” y “perturbación del orden en sesiones legislativas”. Estas imputaciones reflejan la gravedad del panorama judicial que enfrentan los detenidos.

La jueza Servini había ordenado la liberación de 17 personas, argumentando que tres de ellos eran vendedores ambulantes y que no representaban un riesgo significativo. Sin embargo, Stornelli insistió en mantener detenidos a otros 14 individuos, quienes fueron identificados a través de filmaciones y otros elementos que los ubican en situaciones delictivas durante los disturbios.

Entre los acusados se encuentran Camila Belén Juárez Oliva, Nicolás Daniel Mayorga (empleado de Telefe), Sasha Jazmín Lyardet (del Movimiento Socialista de los Trabajadores), y otros, quienes fueron señalados por arrojar piedras y proyectiles. David Sica, María de la Paz Cerruti y Lucía Belén Puglia fueron detenidos por agredir a efectivos policiales. Patricia Calarco Arredondo fue acusada de incendiar bicicletas del sistema de transporte porteño, y Juan Ignacio Espinetto, delegado de Ademys, por atacar una motocicleta.

Stornelli también destacó que algunos detenidos, como Cristian Fernando Valiente, poseían artefactos peligrosos, en su caso, una granada de gas vencida. La lista de detenidos y acusaciones sigue siendo revisada tanto por las autoridades porteñas y nacionales como por el Senado, que también se ha presentado como querellante.

El fiscal ha solicitado un análisis exhaustivo de los teléfonos celulares secuestrados para identificar posibles conexiones con otras personas y organizaciones políticas, sindicales o sociales, y determinar si los actos de violencia respondieron a un plan premeditado. “Seguimos analizando todas las evidencias disponibles para garantizar que los responsables enfrenten la justicia”, concluyó Stornelli.

Este caso sigue desarrollándose, con implicaciones significativas para la justicia y la seguridad pública, mientras las autoridades intentan desentrañar la magnitud de la violencia y sus posibles orígenes organizativos.