La reciente movilización contra la Ley Bases, liderada por el sindicalista Pablo Moyano, ha desencadenado una serie de acusaciones y recriminaciones dentro del ámbito sindical. La tensión creció tras los incidentes que ocurrieron frente al Congreso el pasado miércoles, donde las sospechas y acusaciones cruzadas intensificaron la división entre los diferentes grupos que conforman la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta fractura se evidencia entre los seguidores de Moyano, alineados con el kirchnerismo y promotores de una confrontación abierta con el gobierno de Javier Milei, y los sectores mayoritarios de la CGT que buscan mantener un diálogo y alcanzar una tregua con la actual administración.

Los disturbios durante la protesta han exacerbado las diferencias internas. Pablo Moyano, el único miembro del triunvirato cegetista que convocó a la marcha a pesar de la decisión de la cúpula sindical de mantenerse al margen, acusó públicamente de traición a los senadores del Partido Justicialista que votaron a favor de la Ley Bases. “Traicionaron los principios del peronismo”, lanzó Moyano. Sin embargo, su denuncia se volvió en su contra cuando otros miembros del sindicato cuestionaron su decisión de retirarse de la protesta una hora antes de que estallara la violencia, a pesar de haber prometido permanecer hasta el final de la sesión del Senado.

Un alto dirigente cegetista, en diálogo con Clarín, sugirió que Moyano había sido advertido desde el día anterior sobre la posibilidad de incidentes, lo que explicaría su retirada anticipada. Esta versión fue confirmada por otro gremialista, quien insinuó que el camionero podría haber recibido información de sectores vinculados a los servicios de inteligencia. La actitud de Moyano provocó un malestar generalizado entre otros grupos sindicales, incluidos varios gremios K, la CTA, movimientos sociales y agrupaciones de izquierda, que se sintieron abandonados en medio de los disturbios.

Las críticas también surgieron desde la cúpula de la CGT, con dirigentes como Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la central y líder de UPCN, cuestionando la participación en la movilización. “Quedó demostrado que no teníamos por qué movilizar y menos mezclándonos con otros sectores que nada tienen que ver con nosotros”, afirmó Rodríguez, reflejando el sentir de los grandes gremios de servicios y los sindicatos “independientes”, que prefieren profundizar el diálogo con el gobierno de Milei y explorar posibilidades de tregua.

La postura dialoguista de estos sectores se ha visto fortalecida por los recientes encuentros con funcionarios del gobierno, donde han avanzado en la resolución de demandas, como la distribución de los fondos de las obras sociales. Destacan especialmente los esfuerzos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del asesor Santiago Caputo, así como las gestiones de Julio Cordero, titular de la Secretaría de Trabajo. La preocupación principal de la CGT es la inclusión en la Ley Bases de un artículo que penaliza los bloqueos sindicales y las tomas de fábricas, considerando que esto podría ser una “grave injuria laboral” y una causal de despido.

La CGT había logrado excluir esta medida en la media sanción original de la Cámara baja, y ahora negocia con funcionarios y aliados legislativos, como Miguel Pichetto de Hacemos, para que el artículo sea eliminado definitivamente. “Hay voluntad de resolver algunas cuestiones, esperamos que esto también quede afuera”, confió a Clarín uno de los sindicalistas involucrados en las negociaciones. La resolución de este conflicto es crucial para el futuro de las relaciones entre el sindicalismo y el gobierno, y determinará el curso de acción en las próximas semanas.