En medio de extensas negociaciones, el Senado aprobó la Ley Bases enviada por el gobierno de Javier Milei, introduciendo modificaciones significativas respecto al texto original aprobado en Diputados. Entre los cambios más notables, se eliminó la derogación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional para quienes cumplieron 65 años sin completar los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Además, el Senado realizó ajustes en el Régimen de Incentivo a la Generación de Inversiones (RIGI) y retiró de la lista de posibles privatizaciones a empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).

Durante las primeras horas del debate, se confirmó que el texto tratado en el recinto no incluía la eliminación de la moratoria previsional, dejando vigente el beneficio jubilatorio establecido durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta decisión afecta especialmente a las mujeres, que, según especialistas, en su mayoría no logran completar los 30 años de aportes necesarios para jubilarse a los 60 años. De haberse aprobado la derogación, solo el 10% de las mujeres podría jubilarse a esa edad, mientras que el resto tendría que esperar hasta los 65 años para acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o a un retiro proporcional. Entre los hombres, la situación también era preocupante, ya que se estimaba que 7 de cada 10 no podrían jubilarse a los 65 años debido a la falta de aportes suficientes, resultado de la alta informalidad laboral.

En cuanto a las empresas estatales, el oficialismo aceptó modificar el artículo 7 de la Ley Bases, eliminando la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA, entre otras. Esta decisión se tomó en respuesta a la presión de sectores “dialoguistas” dentro de la UCR y otros aliados, quienes se oponían firmemente a la privatización. El texto original contemplaba la privatización total de diversas empresas, incluidas Aerolíneas Argentinas y Energía Argentina S.A., así como la privatización parcial o concesión de otras, como Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y Belgrano Cargas y Logística S.A. La modificación también establece que la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, junto con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN), supervisarán el proceso de privatización.

Respecto al Régimen de Incentivo a la Generación de Inversiones (RIGI), se introdujeron varios cambios importantes. El artículo 165 ahora limita el régimen a sectores específicos como la foresto-industria, infraestructura, minería, energía y tecnología. Además, se incluyó una provisión para que al menos el 20% de las inversiones provengan de proveedores locales, siempre y cuando cumplan con las condiciones de mercado. Otros ajustes significativos incluyen cambios en los incentivos cambiarios y la facilitación de procedimientos administrativos para la aprobación de proyectos, buscando evitar rechazos por estrictos requisitos formales y garantizar una mayor eficiencia en la administración de los mismos.

El paquete fiscal también experimentó modificaciones en el blanqueo de capitales. Se estableció que no se podrán blanquear criptomonedas en el exterior, y se restringió el blanqueo de inmuebles a nombre de sociedades solo si estos estaban previamente declarados. La prohibición para que funcionarios se adhieran al blanqueo se extendió de 5 a 10 años y se incluyó a hermanos y otros parientes de primer y segundo grado en esta restricción. Además, se propusieron incentivos específicos para las provincias y las inversiones productivas, destinando fondos depositados en cuentas especiales a estos fines sin impuesto.

En cuanto a las modificaciones al impuesto sobre Bienes Personales, estas fueron rechazadas. La propuesta original incluía un aumento de las alícuotas para quienes ingresaran al blanqueo de capitales y una reducción gradual de las mismas para los demás contribuyentes. Por último, los cambios al Impuesto a las Ganancias también fueron rechazados, manteniendo el esquema vigente que exime del impuesto a 800.000 asalariados y establece alícuotas progresivas en función de los ingresos.

La discusión sobre el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego también resultó en el rechazo de un artículo que proponía incrementar los recursos fiscales mediante la eliminación o modificación de exenciones tributarias, una medida que podría haber afectado el régimen especial de la isla. En resumen, los cambios introducidos reflejan un intento de balancear las necesidades fiscales del Gobierno con las demandas de diversos sectores políticos y sociales, manteniendo ciertos beneficios y ajustando otros aspectos del sistema tributario.