La trama de negocios en torno a los seguros oficiales suma otro capítulo intrigante, esta vez con un giro hacia el poder judicial: las autoridades del Consejo de la Magistratura habrían detectado la participación de una aseguradora vinculada al expresidente de Independiente, Julio Comparada, como intermediaria en un contrato firmado entre el Poder Judicial de la Nación y Provincia ART. Esto coincide con la decisión de lanzar una nueva licitación para el servicio.

El recién nombrado administrador general del Consejo de la Magistratura, Alexis Varady, un funcionario considerado “de carrera”, ha sido respaldado por el ministro de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Las autoridades del Consejo sostienen que el contrato en cuestión, que proporciona cobertura a unos 20 mil empleados judiciales en caso de accidente, fue prorrogado semanas atrás y está programado para vencer en tres meses.

Sin embargo, el foco de atención no está en la póliza en sí, a cargo de la firma del Banco Provincia, sino en el presunto papel que jugaría la aseguradora “Promecor”, vinculada a Comparada, como intermediaria, con comisiones estimadas en más de $100 millones al año, según fuentes del sector del seguro. Aunque esta productora no aparece en la póliza, se menciona en una supuesta “carta de designación” fuera del contrato, que la identificaría como “organizador” de la cuenta, según una fuente del Consejo consultada.

Desde Provincia ART niegan cualquier vínculo con Promecor, afirmando que “esta póliza está directa, sin intermediarios, y está en el mínimo de alícuota regulada por la Superintendencia de Seguros”. A pesar de esto, expertos en seguros señalan que el porcentaje de alícuota no excluye la posibilidad de la intervención de un intermediario.

La nueva administración del Consejo de la Magistratura está tomando medidas, anunciando una nueva licitación para renovar el seguro de riesgos del trabajo del personal. Este proceso se llevará a cabo en una sesión de la comisión administradora y financiera de la institución y se transmitirá por YouTube. Sin embargo, surge la preocupación sobre la posibilidad de que un intermediario se interponga en este proceso, recordando casos anteriores que han desatado escándalos similares en otras instituciones gubernamentales.