El aumento de las sospechas sobre presuntas irregularidades en el fondo fiduciario FISU, vinculado al dirigente social Juan Grabois, ha desatado una profunda polémica que ha captado la atención de la Justicia. El fiscal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, tomó la iniciativa de investigar de oficio luego de semanas de denuncias periodísticas y reclamos de presuntos damnificados.

Según Pettigiani, las indagatorias revelaron que grandes sumas de dinero público fueron destinadas al proyecto de construcción de un barrio completo, pero poco o nada se ejecutó de lo prometido. El terreno, donado por la familia Peralta Ramos con la intención de construir escuelas, terminó siendo utilizado para un fin diferente al plan habitacional anunciado por las organizaciones vinculadas a Grabois.

El fiscal ha requerido la indagatoria de Grabois y otros implicados bajo los cargos de administración fraudulenta y malversación de fondos públicos. A pesar de las negativas del dirigente, Pettigiani sostiene que existen numerosos indicios que lo vinculan con la gestión del fideicomiso. Además, señala que la investigación apunta a ex funcionarios del comité encargado de administrar los fondos del FISU.

La causa, que ahora reposa en la Justicia Federal de Mar del Plata, ha generado preocupación sobre la imparcialidad de los fiscales encargados de llevar adelante la investigación. Con la designación de Laura Mazzaferri y Santiago Eyherabide, ambos vinculados al Justicia Legítima y al poder kirchnerista, se plantean dudas sobre la transparencia del proceso judicial. En medio de estas controversias, el escándalo por presuntas irregularidades en el fondo fiduciario FISU continúa sacudiendo los cimientos del sistema judicial argentino.