Finalmente, la urgencia de alcanzar el equilibrio fiscal en Argentina se hace evidente para una amplia mayoría. La estabilización macroeconómica se erige como imperativa, y esto solo será posible mediante la erradicación del déficit del sector público en los próximos años. Este objetivo se torna esencial para consolidar una política monetaria y cambiaria independiente de la influencia nociva de la emisión descontrolada y la acumulación de deuda para financiar al Estado. Más que simplemente cerrar el Banco Central, la verdadera clave radica en impedir que el Tesoro tenga acceso indiscriminado a la entidad.
Ahora bien, la eliminación del déficit fiscal representa apenas una faceta del cambio estructural que Argentina requiere con urgencia. El país debe transformar el gasto público en inversión privada, lo cual demanda no solo reformas regulatorias, muchas de las cuales están esbozadas en decretos y leyes hasta ahora estancadas, sino también un ajuste fiscal integral en todos los niveles de gobierno.
Comencemos por analizar el esquema para eliminar el déficit fiscal a nivel nacional. Hasta ahora, el ajuste fiscal se ha apoyado en el incremento o actualización de impuestos ya existentes, la reducción excesiva del gasto en áreas como jubilaciones y programas sociales, así como en la suspensión de pagos pendientes. Sin embargo, es evidente que estas medidas tienen un límite de efectividad. Es momento de considerar la reducción de subsidios al transporte y la energía, junto con reformas impositivas más sustanciales y la posibilidad de implementar recortes drásticos en empresas estatales y fondos fiduciarios.
En este contexto, surge la necesidad de abordar la compleja relación entre el gobierno central y las provincias. Si bien el federalismo implica la existencia de múltiples estados, los ciudadanos no distinguen entre servicios nacionales y provinciales; esperan calidad y eficiencia independientemente de la jurisdicción. Sin embargo, la descentralización ha resultado en un fracaso en la prestación de servicios básicos tanto a nivel nacional como provincial, debido en gran medida a una gestión deficiente y a la falta de rendición de cuentas.
En resumen, el desafío argentino no se limita a equilibrar las cuentas públicas, sino a transformar fundamentalmente la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Esto requiere una visión integral que aborde tanto la eficiencia del gasto público como la calidad de los servicios esenciales, y que promueva la inversión privada como motor de desarrollo. En última instancia, solo con una combinación de medidas estructurales y una nueva cultura política se podrá construir un futuro sostenible para Argentina.
