El juez en lo Contencioso Administrativo federal, Enrique Alonso Reguera, ha rechazado la demanda presentada por el abogado Andrés Gil Domínguez, que buscaba ordenar a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación que se abocaran al “expreso e inmediato tratamiento” del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de desregulación económica. Reguera concluyó que Gil Domínguez carecía de “legitimación” para formular dicho reclamo contra el Estado nacional, basándose en el control político posterior al dictado de los DNU según la ley 26.122.

La demanda presentada por Gil Domínguez, que invocaba su condición de “ciudadano” interesado en el tratamiento legislativo del decreto presidencial, fue rechazada por el juez, quien destacó que las acciones autosatisfactivas solo deben ser concedidas en casos excepcionales. Además, Reguera subrayó la necesidad de analizar la “legitimación procesal” del demandante y afirmó que la condición de ciudadano no confiere legitimación suficiente para acudir a la jurisdicción, según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El magistrado remarcó que la solicitud de Gil Domínguez carecía de argumentos para apartarse de los fallos anteriores de la Corte Suprema, que han establecido que la condición de ciudadano debe estar respaldada por un “interés especial” más allá del interés general. El DNU 70/23, que deroga y modifica varias leyes abarcando materias diversas, ha generado controversia en el ámbito judicial y político, y esta decisión del juez Reguera marca un capítulo en el debate sobre la legitimidad de su tratamiento en el Congreso de la Nación.