La condena de seis años de prisión impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 entra en una nueva fase de revisión. Este lunes marca el inicio de una serie de audiencias públicas convocadas por la Cámara Federal de Casación Penal, donde se escucharán los argumentos del fiscal Mario Villar, la defensa de Fernández de Kirchner y demás partes involucradas en este complejo proceso judicial.

El fiscal Villar ha sido llamado a exponer su postura respecto a las condenas establecidas por el Tribunal Oral Federal 2, que originalmente sentenció a la expresidenta por “administración fraudulenta agravada”. Sin embargo, el fiscal apeló esta decisión, argumentando que también se debería considerar el presunto delito de “asociación ilícita”, por el cual solicitó una pena más severa durante el juicio. Esta revisión se llevará a cabo de manera transparente, ya que todas las audiencias serán transmitidas en directo a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Por su parte, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentará sus argumentos el próximo 7 de marzo, abogando por la revocación de la condena por “administración fraudulenta” y la absolución de la expresidenta. El abogado Carlos Beraldi sostiene que no existen pruebas directas que incriminen a su clienta y que la actuación de los jueces fue “arbitraria”. Esta fase de revisión en Casación marca un momento crucial en un proceso judicial que ha generado gran atención tanto a nivel nacional como internacional.

El caso, que se remonta al año 2019 cuando comenzó el juicio, ha involucrado a varios exfuncionarios y empresarios, entre ellos Lázaro Báez, quien también fue condenado a seis años de prisión como partícipe necesario en la defraudación. Las acusaciones giran en torno a la asignación irregular de obras públicas viales en Santa Cruz, con el 80% de estas adjudicaciones a empresas vinculadas al empresario Báez, lo que supuestamente resultó en pagos de sobreprecios y un perjuicio económico considerable para el Estado. La revisión en Casación no solo determinará el futuro de las condenas y absoluciones, sino que también influirá en la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción y la integridad del sistema judicial argentino.