El Gobierno argentino se prepara para presentar este jueves ante los tribunales de Nueva York los documentos de apelación del fallo emitido por la jueza Loretta Preska, el cual ordena al país sudamericano pagar una indemnización de US$ 16.000 millones a las empresas Burford Capital y Eton Park debido a la nacionalización de la petrolera YPF en 2012.

El proceso judicial se remonta al fallo en primera instancia dictado por Preska en septiembre, que determinó que Argentina debe compensar a Burford Capital y Eton Park por la forma en que se llevó a cabo la nacionalización de YPF. Esta acción se realizó mediante la adquisición del 51% de las acciones de Repsol, sin ofrecer a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, según lo establecido en el estatuto definido en 1993 durante la presidencia de Carlos Menem.

Burford Capital adquirió los derechos de litigio del accionista minoritario de YPF, Petersen, por el 61% de sus tenencias. Petersen Energía, perteneciente a la familia Eskenazi, había comprado el 25.4% de YPF a Repsol entre 2008 y 2011. El argumento sostenido por Argentina, bajo las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, es que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue irregular y que la jurisdicción competente para resolver el conflicto es Argentina, dado que YPF tiene su sede en ese país.

El cambio de gobierno en diciembre trajo consigo una solicitud de posponer la fecha para presentar los documentos de apelación, originalmente establecida para el 30 de enero. Según un comunicado del Gobierno argentino, la nueva administración necesita tiempo para familiarizarse con los detalles del recurso, analizar el escrito de apertura y coordinar con los abogados. Esta prórroga fue concedida el 11 de enero último, extendiendo el plazo para la presentación de los documentos hasta la fecha actual.