Un análisis exhaustivo llevado a cabo por Inquilinos Agrupados revela un cambio significativo en las condiciones de alquiler en el último mes, desde la entrada en vigor del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Alquileres. Según los datos recopilados, la mayoría de los contratos firmados recientemente tienen una duración de uno a dos años, con ajustes trimestrales o semestrales, marcando un contraste notable con las tendencias anteriores.
La Encuesta Nacional Inquilina, que recopiló las opiniones de 3.300 inquilinos de todo el país, muestra un panorama desalentador. Casi el 93% de los encuestados expresó su percepción de que el 2024 será un año peor que el anterior, lo que refleja un alto grado de preocupación en la comunidad de inquilinos. Esta sensación de incertidumbre se ve reflejada en los datos concretos sobre los términos de los nuevos contratos.
Antes del cambio normativo, la mayoría de los contratos de alquiler contemplaban una actualización anual, pero ahora, el 87,3% de los contratos firmados bajo el nuevo marco legal tienen ajustes más frecuentes, con un 25% de ellos cada tres meses. Esta tendencia indica un claro deterioro en las condiciones para los inquilinos, quienes ahora enfrentan una mayor inestabilidad en sus arrendamientos. Además, más de la mitad de los contratos recientes tienen una duración inferior a un año, lo que agrega otra capa de inseguridad para los inquilinos.
En cuanto a las emociones generadas por esta situación, la angustia, la ansiedad y la desesperanza dominan entre los inquilinos encuestados, destacando el impacto emocional y psicológico de la crisis habitacional que enfrentan. Estos hallazgos subrayan la urgencia de abordar la problemática del acceso a la vivienda y la necesidad de políticas que protejan los derechos de los inquilinos en un mercado cada vez más desafiante.