En un fallo pionero, el juez federal en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico desestimó la solicitud de medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La medida buscaba suspender la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica emitido por el gobierno de Javier Milei. Este fallo marca un precedente al rechazar la aplicación de una medida cautelar contra la totalidad de un DNU, sugiriendo que decisiones similares podrían replicarse en futuras presentaciones de este tipo.

El juez fundamentó su decisión argumentando que la solicitud de medida cautelar era esencialmente idéntica al objeto principal de la acción del CELS. Aseguró que otorgar la medida anticipadamente afectaría el propósito del litigio y socavaría las garantías constitucionales invocadas. Además, el magistrado rechazó la tramitación del caso como proceso colectivo, alegando falta de claridad en la definición del colectivo involucrado y la ausencia de delimitación precisa de los perjuicios provocados por el decreto.

El juez destacó que la normativa cuestionada modifica leyes que regulan diversas áreas, desde farmacias y hidrocarburos hasta turismo y salud. En consecuencia, sugirió que las impugnaciones podrían ser evaluadas en ámbitos judiciales diferentes, considerando las competencias específicas de cada tribunal. Esta decisión se produce en el contexto de una acción presentada por el CELS a fines de 2023, declarando la inconstitucionalidad del DNU 70/2023, alegando violaciones a la división de poderes y derechos constitucionales suprimidos por la medida gubernamental.**