La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un contundente rechazo este viernes al proyecto de traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplado en la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. En un comunicado de siete páginas, firmado por todos sus integrantes, el tribunal expresó su oposición a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional y destacó la relevancia de que los magistrados que integran el fuero laboral sigan perteneciendo a la Justicia Nacional.

En el documento, los jueces manifestaron su “total y absoluto rechazo” a la propuesta del Poder Ejecutivo, subrayando su “profunda preocupación” ante la eventual aprobación del artículo 439 del “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Argumentaron que las competencias del fuero nacional del trabajo tienen un alcance territorial que justifica su continuidad como parte de la Justicia Nacional, afectando a habitantes de diversas provincias.

La Cámara enfatizó que el mantenimiento de una Justicia Nacional del Trabajo se justifica por la exorbitante jurisdicción que ejerce, abarcando habitantes de todas las provincias de la Nación que acuden a litigar ante sus estrados. Además, señalaron que la Capital de la República concentra el mayor número de empresas y organizaciones registradas, justificando así la necesidad de que el fuero laboral nacional siga siendo designado con la intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación y el acuerdo del Senado de la Nación.

Los magistrados subrayaron que el fuero del trabajo no solo se ocupa de asuntos de índole territorial, sino también de cuestiones indiscutiblemente federales, como la resolución de problemas sindicales a nivel nacional. Concluyeron el comunicado reiterando su posición histórica contra los intentos de transformación o traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo, considerándolo como un notorio retroceso del federalismo y una transgresión al principio de división de poderes establecido en la Constitución Nacional. La postura de la Cámara será comunicada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial, al Congreso Nacional y al Ministerio de Justicia.