La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó el retiro del proyecto de ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos del artículo que generó controversia al requerir permisos para reuniones de más de tres personas. Bullrich expuso ante las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde informó que el objetivo es eliminar ese artículo debido a que su contenido ya está adecuadamente explicado en otra parte de la legislación. La ministra destacó que estas modificaciones buscan facilitar la discusión y clarificar la normativa.

El artículo en cuestión definía una “reunión” o “manifestación” como la congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la ley. Además, establecía criterios para identificar a los “organizadores” de la protesta. Bullrich argumentó que la eliminación de este artículo busca evitar confusiones y aclaró que la intención es encauzar manifestaciones en las veredas para evitar bloqueos de calles. La ministra también anunció propuestas de aumento de penas en el Código Penal, destinadas a quienes participen en manifestaciones con armas y a los organizadores que ejerzan presión sobre los concurrentes.

Previamente a su presentación en el Congreso, Bullrich instó al PRO a respaldar los cambios propuestos en el proyecto de ley. Sostuvo que el partido debe acompañar los cambios que expresan la idea de cambio y que fueron respaldados por la sociedad en las elecciones internas. La ministra enfatizó que la victoria en las PASO marcó un rumbo de cambio profundo que debe ser continuado. Respecto al futuro del PRO, Bullrich expresó la necesidad de que la próxima autoridad provenga del interior del país y represente a quienes gobiernan provincias, subrayando la importancia de mantener una línea clara.

En relación a las amenazas sufridas por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Bullrich indicó que están relacionadas con la labor de fuerzas provinciales y nacionales que buscan reducir las posibilidades de delitos. Anunció la implementación de un programa para aislar a presos de alto riesgo en cárceles federales, comenzando con la reclusión del autor de las amenazas en un penal federal como parte de este plan más amplio.