En un intento por frenar la intervención judicial en las causas contra el DNU 70/2023, el Gobierno nacional reafirmó su posición, argumentando que las “razones de urgencia y necesidad” que motivaron el decreto son cuestiones políticas no justiciables. Abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, liderados por Rodolfo Barra, expresaron claramente su postura en presentaciones que han quedado reflejadas en dos informes extensos de más de 80 páginas cada uno.
Según los representantes legales del Estado, la revisión y control del DNU actualmente se encuentra bajo la consideración del Congreso de la Nación. Por lo tanto, sostienen que la intervención de la Justicia en esta etapa sería prematura y violaría el principio de división de poderes. Argumentan que las “razones de urgencia y necesidad” son cuestiones políticas que deben ser decididas por el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso, excluyendo al Poder Judicial de dicha evaluación.
Enfatizan que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia recae en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso, subrayando que no corresponde al Poder Judicial inmiscuirse en estas decisiones. Además, destacan que la imposibilidad de seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes es una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia, aspectos que, según los abogados, son de valoración exclusivamente política.
Los letrados, Carolina Maidana y Rodolfo Aguirre, en representación del Estado Nacional, argumentan que el conjunto de medidas implementadas por el DNU 70/2023 responde a la urgencia generada por la actual crisis económica en Argentina. Aseguran que esta urgencia es incompatible con los plazos normales para la sanción de una ley, dada la diversidad de las materias involucradas, que requerirían un extenso debate y discusión parlamentaria. Los informes, presentados ante el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico, quien se encuentra de turno en la feria judicial, buscan respaldar la legalidad y legitimidad de los decretos presidenciales frente a las acciones de amparo presentadas por el abogado Jorge Rizzo y la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad.
