El Gobierno argentino presentó un escrito ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska, solicitando flexibilidad en las fechas límite para presentar garantías y evitar embargos en el caso de la nacionalización de la petrolera YPF en 2012. El estudio de abogados Sullivan & Cromwell, representante del país, pidió que no se estableciera la fecha del 10 de enero como límite, permitiendo así más tiempo para evitar eventuales embargos en respuesta a la condena inicial de pagar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park.

La estrategia del Gobierno argentino busca ganar tiempo y evitar embargos mientras continúa la negociación en torno a la deuda. La presentación ante la jueza Preska marca un cambio en la estrategia del nuevo gobierno, aunque mantiene al mismo estudio de abogados que lleva adelante la causa. La solicitud de flexibilidad permite a la Argentina evaluar opciones y buscar alternativas antes de comprometerse con garantías específicas.

La jueza Preska tendrá que revisar y decidir sobre el pedido argentino, lo que podría modificar la fecha límite inicialmente establecida. Los litigantes tienen hasta el mediodía del siguiente día para expresar su opinión sobre el nuevo planteo argentino. Este movimiento se presenta en un contexto en el que el presidente Javier Milei ha expresado la falta de recursos para hacer frente a la condena y ha sugerido opciones como la creación de la “tasa Kicillof” para pagar con un bono perpetuo.

Manuel Adorni, vocero presidencial, reconoce la complejidad de la situación y la magnitud de los montos involucrados en el juicio por la expropiación de YPF. La administración actual busca ganar tiempo y evaluar la totalidad de la orden del tribunal, considerando las apelaciones cruzadas presentadas por los demandantes y YPF. La prórroga solicitada y la flexibilidad en las fechas límite buscan garantizar una evaluación adecuada por parte de la nueva administración antes de comprometerse con garantías concretas.

En resumen, Argentina busca gestionar hábilmente el plazo para presentar garantías en el caso YPF, solicitando flexibilidad a la jueza Preska. El país busca evitar embargos y ganar tiempo para evaluar opciones que le permitan cumplir con la condena sin comprometer su situación financiera. La complejidad del caso y los montos involucrados marcan un desafío importante para la administración actual.