El referente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, afirmó con determinación que la marcha planeada junto a otras organizaciones a Plaza de Mayo, a pesar del anunciado “protocolo antipiquetes”, será una “manifestación pacífica”. Belliboni destacó que la movilización no solo tiene como propósito conmemorar a los muertos del 19 y 20 de diciembre de 2001, sino también denunciar “un ajuste brutal que están sufriendo los trabajadores”. La movilización, convocada por movimientos populares y organizaciones sociales agrupadas en Unidad Piquetera (UP), se presenta como la primera prueba de aplicación del polémico protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad.

En declaraciones a Radio Provincia, Belliboni expresó su preocupación por la retórica del Gobierno, señalando que hablar de la movilización como una “guerra” es desproporcionado, ya que es “lo más normal del mundo en este país”. Además, defendió el derecho a la manifestación incluso para aquellos que piensan diferente y rechazó la advertencia del Gobierno de quitar planes sociales a los participantes. Enfatizó en que, ante una orden de represión, la policía tiene el derecho de no cumplir una orden ilegal.

El referente del PO también abordó la necesidad de un paro nacional por parte de la CGT contra el ajuste del presidente Javier Milei. En otra entrevista a radio Con vos, Belliboni reveló que utilizarán transporte público para llegar a la protesta, destacando la determinación de los manifestantes frente a las restricciones del protocolo.

En cuanto al “protocolo antipiquete”, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la ratificación de su legalidad por parte de la Justicia y destacó que su implementación es esencial para mantener el orden público. Bullrich respondió así a la decisión judicial que rechazó un hábeas corpus colectivo presentado por el Servicio de Paz y Justicia, liderado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. El Gobierno, a través del portavoz presidencial Manuel Adorni, reiteró su voluntad de hacer cumplir la ley durante la movilización de la UP, advirtiendo que aquellos que participen en cortes de calle perderán los planes sociales.

La consigna de la marcha se centra en “frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI” y “defender el derecho a la protesta”. Los manifestantes, conformados por movimientos populares, organizaciones sociales, sindicatos y centros de estudiantes, expresan su repudio al protocolo antipiquete, calificándolo de “inconstitucional”. La Confederación General del Trabajo (CGT) es instada a convocar a un paro nacional activo en caso de represión durante la movilización.

En este contexto, Juan Grabois anunció la formación de una comisión de veedores de derechos humanos para la marcha, junto con Nacho Levy, referente del colectivo Garganta Poderosa. A su vez, el Gobierno bonaerense no aplicará el protocolo en su territorio, argumentando que “criminaliza la protesta”, mientras que el Ministerio de Seguridad porteño emitió un protocolo propio con limitaciones y advertencias de sanciones ante la movilización, priorizando la “cuidar la libertad de todos los ciudadanos y asegurar el orden en la convivencia social”.