El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló los planes del Gobierno para llevar a cabo una corrección paulatina de los subsidios a la energía y al transporte público de pasajeros. Según Caputo, esta corrección se extenderá a lo largo de tres años y equivaldrá a una reducción de dos puntos del Producto Bruto Interno (PBI), con el objetivo de cambiar el enfoque centrado en la oferta por uno que atienda la demanda. Actualmente, los subsidios representan el 2% del PBI, equivalentes a unos US$ 10.000 millones.
El titular del Palacio de Hacienda explicó que la corrección se aplicará “a razón, aproximadamente, de un tercio por año”, abarcando un proceso que se extenderá hasta diciembre de 2026. En la actualidad, se está corrigiendo el 0,7 de esos dos puntos, distribuidos entre 0,5 para energía y 0,2 para transporte, lo que supone un recorte de subsidios de alrededor de US$ 2.500 millones anuales en energía y US$ 1.000 millones en transporte.
La novedad principal anunciada por Caputo es el “cambio de enfoque” que buscará dejar de centrar los subsidios en las empresas prestadoras de servicios para enfocarse en los usuarios. Este nuevo paradigma permitirá diferenciar los subsidios según la capacidad económica de los beneficiarios. El vocero presidencial, Manuel Adorni, resaltó que el sistema actual es “absolutamente injusto” y que es necesario evitar discriminaciones y hacer distinciones entre usuarios socialmente vulnerables y aquellos de alto poder adquisitivo.
Este cambio de paradigma ya comenzó a gestarse el año pasado con la segmentación tarifaria en el sector eléctrico y podría extenderse al transporte público mediante la identificación de los usuarios a través de la tarjeta SUBE. Sin embargo, se plantean desafíos, como el posible mal uso de tarjetas de usuarios de alto poder adquisitivo por parte de personas de menores recursos. Caputo afirmó que la reducción de subsidios se llevará a cabo con una diferenciación entre los sectores que más lo necesitan y los que menos, reconociendo que los subsidios son también “usos de los recursos públicos para hacer política, un perjuicio para los que menos tienen”.
