El jueves pasado marcó un hito en el camino hacia la desregulación del sector comercial, con el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, encabezando una crucial reunión con las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA). Fuentes gubernamentales informaron que Lavigne comunicó a los representantes de la UIA la decisión de derogar la controvertida Ley de Abastecimiento. Este movimiento responde a la clara vocación desregulatoria expresada por el Gobierno y se alinea con su agenda de promover un entorno empresarial más flexible y competitivo.
El encuentro, que tuvo lugar en la Secretaría de Comercio, contó con la participación de Juan Pazo, próximo secretario general de Coordinación, sumándose a la importancia del anuncio. Por parte de la UIA, estuvieron presentes el presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, y el director ejecutivo y economista jefe, Diego Coatz. Durante la reunión, se transmitió a la UIA la intención del Gobierno de avanzar en la derogación de la Ley 20.680, una normativa vigente desde el 20 de junio de 1974 y modificada en 2014. La ley regula aspectos cruciales como la compraventa, permuta y locación de bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades comunes de la población.
La Ley de Abastecimiento otorga a la Secretaría de Comercio amplias facultades, permitiéndole imponer sanciones en situaciones de desabastecimiento o escasez de bienes y servicios esenciales. Además, otorga al Estado la capacidad de establecer precios máximos, mínimos y de referencia, así como fijar márgenes de utilidad para las empresas. El Gobierno también puede intervenir en el proceso económico, regulando la fabricación, comercialización y distribución de productos o servicios específicos. La normativa habilita sanciones, como multas y clausuras, contra aquellas empresas que eleven injustificadamente los precios, acaparen mercancías o restrinjan la venta de manera injustificada. Este cambio de rumbo en la política comercial se formalizó con la designación de Pablo Lavigne como secretario de Comercio, según el Decreto 30/2023, publicado el jueves en el Boletín Oficial.
