En un anuncio trascendental para la economía del país, la Secretaría de Comercio dio a conocer que “más de 340 empresas” han ratificado su adhesión al programa Precios Justos. Este programa de envergadura abarca sectores esenciales como consumo masivo, insumos esenciales, combustibles, medicamentos, indumentaria, electrodomésticos y más, así como cadenas de supermercados y mayoristas.
La Secretaría subrayó el esfuerzo conjunto entre las empresas y el Estado en su compromiso por “proteger el bolsillo de las y los argentinos”. En una declaración emitida en su cuenta oficial de Twitter, la entidad destacó que la renovación de adhesión al programa es un paso crucial para enfrentar los desafíos económicos actuales.
Este anuncio se suma al acuerdo previamente establecido entre representantes de las principales empresas de consumo masivo y supermercados, liderado por el ministro de Economía, Sergio Massa. El acuerdo, que estipula un límite de aumento del 5% mensual durante 90 días para más de 52,300 productos, ha contado con la participación destacada de empresas líderes en el sector como Día, Carrefour, Coto, Chango Más, Makro, Vital y Maxiconsumo, entre otras.
Aquellas empresas que cumplan con el límite de aumento del 5% recibirán no solo beneficios impositivos y fiscales, sino también la oportunidad de acceder a un programa de crédito con tasas subsidiadas, especialmente diseñado para las PyMEs que proveen a los supermercados. La medida representa un compromiso significativo del Estado en aras de evitar que los aumentos de costos, inducidos por la reciente devaluación del 22.5% del dólar oficial, impacten directamente en los precios de alimentos, bebidas y productos de limpieza y perfumería.
Además de este programa, se han forjado acuerdos similares en otras áreas clave. El gobierno ha sellado compromisos con laboratorios para evitar aumentos en medicamentos hasta octubre y con las empresas distribuidoras de combustibles para contener futuras subidas de precios. El ministro Massa resaltó que aquellos que no cumplan con los acuerdos se enfrentarán a sanciones y al escrutinio legal riguroso, demostrando el compromiso firme del gobierno para garantizar el bienestar económico de la población.
