La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha dado un paso importante en la lucha contra la trata laboral al presentar una denuncia ante la justicia que condujo al rescate de siete personas que presuntamente eran víctimas de explotación laboral en establecimientos rurales de la provincia de Buenos Aires. La denuncia fue realizada a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (Dgseso) después de que se descubriera que estas personas vivían en condiciones precarias y recibían salarios hasta un 50% inferiores al salario mínimo, vital y móvil, a pesar de realizar jornadas laborales prolongadas.
Previo a la denuncia, agentes de seguridad social llevaron a cabo una investigación en campos dedicados a la producción frutihortícola en la provincia de Buenos Aires, lo que arrojó indicios de trata de personas con fines de explotación laboral. Los resultados de la investigación condujeron a tres operativos presenciales de relevamiento de personal en los que participaron agentes de la AFIP, del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y del Renatre.
Durante las acciones de fiscalización y control, se descubrió que los trabajadores tenían una antigüedad laboral en los campos de más de diez años y un promedio de edad que superaba los 55 años en su mayoría. Además, las condiciones de vida en las viviendas donde residían no cumplían con la ley de trabajo agrario, ya que estaban construidas con materiales precarios y carecían de sanitarios adecuados, agua caliente y cocina. También se encontraron pisos de tierra y falta de techo y aberturas, entre otras condiciones insalubres.
A través de las entrevistas realizadas a los trabajadores, se supo que habían llegado a la provincia hace más de una década en busca de empleo y que uno de ellos se encontraba indocumentado y era analfabeto. Además, ninguno de los trabajadores estaba registrado ante la AFIP. Ante estos hallazgos, AFIP presentó una denuncia al Ministerio Público Fiscal y solicitó la intervención del Programa Nacional de Rescate y la reparación del daño hacia las presuntas víctimas. Gracias a esta denuncia, la justicia ordenó el allanamiento y se pudo rescatar a las personas afectadas por esta presunta trata laboral. Este rescate representa un paso importante en la lucha contra la explotación laboral y el compromiso de las autoridades para combatir esta problemática.
