Este martes, el Gobierno nacional dio luz verde al Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones, que fue celebrado el 9 de agosto de 2022 con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A través de este acuerdo, el Estado argentino asume su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de Diego Armando Pacheco, quien fue detenido de manera arbitraria en la provincia de Chubut.
La aprobación y publicación de este acuerdo forman parte de las medidas reparatorias en respuesta a la detención ilegal de Pacheco, cuyo caso fue presentado en 2004 por Arnaldo Hugo Barone y Jorge Fabricio Benesperi, Defensor General y Secretario de la Defensoría General de Chubut, actuando como sus abogados defensores. El Decreto 388/2023, que contiene el acuerdo, fue publicado en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y el canciller Santiago Cafiero.
Según se detalla en los considerandos del decreto, la CIDH, en su Informe de Admisibilidad y Fondo N° 138/21 del 28 de junio de 2021, concluyó que el Estado argentino era responsable de violar varios derechos fundamentales de Pacheco, incluyendo el derecho a recurrir del fallo, el derecho a no ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, el principio de legalidad y el deber de adoptar medidas de protección especial para adolescentes en conflicto con la ley penal. En consecuencia, la CIDH recomendó al Estado Argentino reparar de manera integral las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como inmaterial.
En línea con la política habitual de cooperación con los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ambas partes entablaron un proceso de diálogo que culminó con la firma del acuerdo el 9 de agosto de 2022. Entre los puntos acordados, destaca la constitución de un Tribunal Arbitral “ad-hoc”, encargado de determinar el monto de las reparaciones pecuniarias que corresponden al peticionario en función de los derechos cuya violación ha sido declarada por la CIDH.
