La Aduana frustra contrabando de medicamentos valuados en más de tres millones de pesos

En uno de los casos, en la Pasarela La Fraternidad que conecta Clorinda con Nanawa, Paraguay, los agentes aduaneros descubrieron a una mujer que intentaba cruzar hacia su país de origen con una carga ilegal. La mercadería incautada, valuada en $2.190.472, incluía 36.952 comprimidos de diversas drogas, entre las cuales se encontraban 3.000 pastillas de clonazepam. La mujer alegó que los medicamentos eran de uso personal, pero al inspeccionar la carga, los agentes descubrieron una gran cantidad de medicamentos de uso hospitalario y de venta bajo receta, lo que indicaba un posible fin comercial en lugar de un tratamiento personal.

En otro operativo, en el Aeropuerto Internacional de Córdoba, se detectó una carga sospechosa en el equipaje de una mujer que regresaba de San Pablo, Brasil. Mediante el escáner aduanero, se identificaron bultos sospechosos que fueron abiertos para su inspección. Se encontraron insumos médicos no declarados, incluyendo cápsulas, goteros y ampollas para tratamientos de medicina alternativa, con un valor de $600.000. La mercadería carecía de la autorización correspondiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), lo que la convertía en mercancía prohibida.

Por último, en el marco de inspecciones habituales en el Puente Internacional “Libertador General San Martin” entre Gualeguaychú y Fray Bentos, los agentes aduaneros descubrieron que un ciudadano argentino intentaba ingresar a Uruguay con medicamentos sin declarar. Se confiscaron 637 cajas de medicamentos, incluyendo viagra, analgésicos, antiinflamatorios, descongestivos, antiespasmódicos, antialérgicos, antimicóticos y cremas humectantes. Esta acción fue considerada una transgresión al Régimen de Equipaje, y la Aduana decidió incautar la mercadería, valuada en más de $200.000.

Estos operativos de la Aduana demuestran la importancia de los controles para combatir el contrabando de medicamentos y proteger la salud pública, evitando la comercialización ilegal de productos farmacéuticos y garantizando la certificación y autorización correspondiente de las autoridades competentes.

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