Este martes, comisiones del Senado dieron inicio al debate del proyecto de ley que busca modificar el Código Penal en relación a la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento para la adquisición de armas de destrucción masiva. Funcionarios del Gobierno nacional participaron de la reunión, destacando la importancia de aprobar este proyecto que ya fue sancionado por la Cámara de Diputados.
En el encuentro, que convocó a las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda, estuvieron presentes representantes del Ministerio de Economía, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). El presidente de la Comisión de Justicia, el oficialista Oscar Parrilli, anunció que se trataba de una audiencia informativa y adelantó que se emitirá un dictamen en una próxima reunión.
El proyecto busca introducir modificaciones al Código Penal, reformar la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y crear un registro de activos virtuales. Esta iniciativa es considerada crucial para el Gobierno, ya que en el próximo año habrá una nueva revisión técnica por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y Argentina debe adaptar su legislación a las nuevas normas establecidas por este organismo.
Funcionarios del Gobierno, como Ricardo Casal de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, y Juan Carlos Otero de la UIF, enfatizaron la importancia de cumplir con los estándares exigidos por el GAFI. Advierten que una evaluación negativa podría acarrear sanciones económicas, restricciones en el acceso a los mercados internacionales y catalogar a Argentina como un país de alto riesgo. Asimismo, se destacó que la aprobación de la ley otorgaría al país mayores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
El proyecto también aborda la inclusión de los proveedores de servicios de activos virtuales, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios en las operaciones que deben ser informadas a la UIF. Además, se establece la creación del Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a cargo de la CNV, para detectar posibles operaciones sospechosas realizadas con activos virtuales como las criptomonedas.
La incorporación de los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas generó debate durante la discusión en la Cámara de Diputados. Se estableció que no estarán obligados a hacerlo en tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación. La inclusión de los abogados responde a las recomendaciones del GAFI y busca cumplir con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
