La Ley de Alquileres, implementada en julio de 2020, se acerca a su tercer aniversario de vigencia, lo que implica que comienzan a expirar los primeros contratos firmados bajo esta normativa, generando un intenso debate sobre la continuidad de la iniciativa impulsada durante el Gobierno de Mauricio Macri y puesta en marcha durante la actual administración.
La ley, aprobada por el Congreso, introdujo modificaciones significativas, como la extensión de los contratos de locación de dos a tres años y la actualización anual basada en el Índice de Contrato de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central (BCRA) y que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Ripte.
Anteriormente, los aumentos en los alquileres se acordaban entre inquilinos y propietarios, generalmente a través de intermediarios inmobiliarios, con una periodicidad semestral o anual. El objetivo de la ley era brindar mayor estabilidad y previsibilidad a los inquilinos, pero su implementación coincidió con la pandemia, lo que llevó a una disminución en la oferta de propiedades para alquilar y un aumento en los costos de acceso a las mismas.
Según un relevamiento del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), el 52% de las ofertas de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se realizan en dólares, lo que evita las condiciones establecidas por la ley. Además, la falta de oferta ha llevado a un incremento en los precios de entrada a los alquileres. En mayo, el alquiler promedio de un monoambiente en CABA fue de $92.500, un aumento del 115,1% respecto al año anterior, lo que representa un desafío para quienes perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, señaló que es necesario regular el precio inicial de los contratos para que la ley beneficie realmente a los inquilinos. Por otro lado, Marta Liotto, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (Cucicba), expresó su preocupación por el fuerte incremento de los alquileres a medida que comienzan a vencer los contratos amparados por la ley actual. Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), destacó la escasez de propiedades en alquiler y la necesidad de modificar los plazos de los contratos y la frecuencia de actualización de precios.
A lo largo de estos tres años, se han llevado a cabo diversos debates y proyectos legislativos para modificar la Ley de Alquileres, así como propuestas para derogarla. Sin embargo, hasta el momento, la falta de consenso ha impedido avances significativos en la materia. Mientras tanto, los inquilinos enfrentan el desafío de encontrar viviendas asequibles y estables en un mercado cada vez más complejo.
