El Observatorio del Derecho a la Ciudad expresó su crítica hacia el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por destinar 120 millones de pesos para la construcción de un local gastronómico en el Parque de la Memoria, ubicado en la Costanera Norte. Según denuncian, el espacio será concesionado a cambio de un canon mensual de 250 mil pesos.

En un comunicado titulado “Larreta garantiza negocios en la Costanera con la nuestra”, el Observatorio manifestó su preocupación por la inversión realizada con fondos públicos, destacando que el gobierno porteño utilizó alrededor de 120 millones de pesos provenientes de la ciudadanía para construir la confitería. Además, resaltaron que la concesión del espacio gastronómico, que cuenta con una vista privilegiada al Río, se llevará a cabo por una suma mensual de tan solo 250 mil pesos (equivalente a 622 pesos por metro cuadrado).

La ingeniera María Eva Koutsovitis, precandidata a Jefa de Gobierno por El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, expresó su desacuerdo con esta iniciativa y destacó que el proyecto implica “cero inversión y riesgo empresarial, con ganancias garantizadas en nuestra Costanera”. Según Koutsovitis, esto representa un nuevo ejemplo de cómo se beneficia a empresarios amigos a expensas de los bienes comunes y de los ciudadanos.

En el comunicado, el Observatorio recordó que en octubre de 2022, el Gobierno de la Ciudad decidió destinar 102 millones de pesos para la instalación de un espacio gastronómico con vista al Río, con el objetivo de vincularlo con el corredor Costanera Norte y el Distrito Joven. A pesar de que la oferta de la empresa Cunumi S.A., seleccionada para llevar a cabo la construcción, superaba en 15 millones de pesos el presupuesto original, las autoridades porteñas decidieron seguir adelante con el proyecto. En total, el costo de la confitería ascendió a más de 117 millones de pesos para el Estado.

A pocos días de la finalización de la obra, el gobierno porteño anunció que el espacio gastronómico sería concesionado por un período de 60 meses (5 años), a través de una licitación pública. El canon mensual establecido para la concesión sería de 250 mil pesos. Ante esta situación, el abogado Jonatan Baldiviezo, precandidato a legislador por El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, denunció que el Estado pone la tierra pública y el dinero para la construcción, mientras que las ganancias se quedan en manos de empresarios cercanos al poder, sin asumir ningún riesgo empresarial. Además, señaló que la privatización de este espacio gastronómico, ubicado en Urbanización Parque (UP) y prohibida por la Constitución de la Ciudad y distintas ordenanzas y el Código Urbanístico, es ilegal.