El Inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, ha presentado una denuncia contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) dirigido por la precandidata presidencial Patricia Bullrich por presuntas infracciones a la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y por la posible comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta. La denuncia, que ha sido asignada al juez federal Sebastián Ramos y al fiscal Carlos Stornelli, solicita el desplazamiento de los miembros de la comisión directiva del Instituto presidido por Bullrich, quien actualmente se encuentra en uso de licencia.

En la denuncia presentada, Nissen sostiene que, según la documentación aportada por el Instituto, se han recibido “aportes” que se utilizaron para la campaña proselitista de Bullrich en sumas que exceden el monto máximo que podrían haber percibido por persona a través del mecanismo de control de aportes partidarios establecido por la Ley 26.215. Además, se destaca que los partidos políticos no pueden recibir contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar, como se establece en el artículo 15, inciso d) de la ley citada.

Entre los involucrados en la presunta maniobra, se incluyen al diputado Gerardo Milman, Martín Siracusa, secretario de IEES, Silvia Turetzky, tesorera, y Juan Pablo Arenaza, actual legislador porteño, jefe de campaña de Bullrich y presidente de “Unión por la Libertad”. Además, se mencionan algunos gastos que habrían sido cubiertos por el Instituto, como el pago de varias líneas telefónicas de “Unión por la Libertad”, vuelos a Salta de Bullrich, gastos en distintas localidades donde la dirigente hizo campaña, y un viaje a Miami, Estados Unidos, en el que participó en un evento organizado por el “Interamerican Institute for Democracy”.

El expediente en la IGJ se inició en diciembre de 2022, cuando varios medios de comunicación, entre ellos Página 12 y El Cronista, publicaron que Bullrich estaba organizando encuentros con empresarios para financiar su campaña y que esas donaciones se canalizaban a través del IEES. Según Nissen, la información recolectada permite concluir que la asociación civil ha desplegado acciones ajenas a su objeto social y ha sido utilizada para fines distintos a los que se le otorgó autorización para funcionar.