La Unidad de Información Financiera (UIF) celebró la aprobación del proyecto de reforma del sistema normativo nacional por parte de la Cámara de Diputados, en una votación que contó con 112 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. La iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo Nacional en mayo del año pasado y ahora deberá ser analizada por el Senado para su sanción definitiva.
Según un comunicado emitido por el organismo, la reforma responde a la necesidad de una puesta a punto del marco normativo que tome en cuenta la evolución del sistema antilavado y las modificaciones y actualizaciones en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se trata de la primera propuesta de reforma sustancial del sistema PLA/CFT en 11 años y está centrada en cinco grandes ejes: modificaciones al Código Penal, reforma de la Ley N° 25.246, creación de un Registro de Beneficiarios Finales, control parlamentario y creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Entre las modificaciones al Código Penal, se destaca el aumento del monto de la condición objetiva de punibilidad prevista en el inciso 1, así como la implementación de una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica, con el objetivo de concentrar su persecución penal en los casos graves y que afecten el bien jurídico protegido. Además, se incorpora a los combatientes terroristas extranjeros y se incluye todo tipo de activos (entre ellos activos virtuales) al tipo penal de financiación del terrorismo.
En cuanto a la reforma de la Ley 25.246, se agrega un artículo en el que se incorporan definiciones relevantes para el sistema PLA/CFT y se incorpora a la UIF la autarquía funcional, administrativa y económica, además de la financiera. Se refuerza el mecanismo de audiencia pública previa a la designación de las autoridades de la UIF y se suma a las competencias de la UIF el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Otra de las novedades de la reforma es la creación de un registro público centralizado de beneficiarios finales, que contendrá información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Hasta el momento, diversos organismos públicos poseen información respecto de los beneficiarios finales, pero no existe un registro centralizado al que las autoridades competentes puedan acceder de manera rápida y eficiente.
La reforma también propone la implementación de un control parlamentario del sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva, a través de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Organismos de Actividades de Inteligencia. Por último, se crea un capítulo referido al Registro de Proveedores de Servicio de Activos Virtuales, regulado y supervisado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
