El Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la selección y remoción de jueces, ha logrado superar nueve meses de parálisis y ha comenzado una nueva etapa. La elección de la jueza Agustina Díaz Cordero como vicepresidenta del Consejo y la elección unánime de los consejeros que integrarán las cinco comisiones, marcan el comienzo de esta nueva etapa. Sin embargo, el verdadero debate se dará cuando se elijan las autoridades de las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial; Disciplina; Acusación; Administración y Financiera y Reglamentación.

Díaz Cordero, con el apoyo de jueces, abogados, académicos y consejeros afines a Juntos por el Cambio (JxC), fue elegida como vicepresidenta del Consejo, contra la candidatura del laboralista Héctor Recalde propuesta por los legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT).

Según una fuente del organismo, lo importante fue el voto unánime para integrar las comisiones, a pesar de la elección dividida del vicepresidente. El próximo miércoles, cuando se fije y vote el día de funcionamiento, se verá si se ha conseguido un acuerdo que permita destrabar la aprobación de más de un millar de concursos para jueces, ya finalizados en un sistema de Justicia nacional y federal que padece una vacancia promedio del 30 por ciento.

El Consejo quedó paralizado en diciembre de 2021, cuando la Corte Suprema dictaminó que el equilibrio entre los estamentos de jueces, abogados, académicos y legisladores era inconstitucional debido a la prevalencia de los consejeros políticos sobre los técnicos. El bloque oficialista en el Senado se dividió y el flamante bloque Unidad Ciudadana reclamó el senador por la segunda minoría y designó al rionegrino Martín Doñate. La Corte intervino y declaró inválida la designación de Doñate. La mayoría en el Senado insistió con la designación de Doñate y fue entonces cuando Rosatti, en su condición de doble presidente del Consejo y de la Corte, negó el juramento al rionegrino.

En el último plenario, el senador Mariano Recalde fue el encargado de recordar todo este proceso y de señalar que “estamos ante un Consejo provisorio que funciona luego de una decisión pretoriana que dejó sin efecto una ley que funcionó durante 16 años”. El abogado radical Miguel Piedecasas negó estar propiciando la impunidad de los jueces y sostuvo que “la deuda es de la política, que no le dio a la República Argentina una nueva ley” de composición del Consejo como reclamó la Corte en el fallo que lo declaró inconstitucional.

En los cruces entre los consejeros se ha evidenciado la relación de fuerzas entre un oficialismo con un bloque mayoritario de seis consejeros y una oposición que, eventualmente, puede obtener el apoyo de los miembros.