La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación anunció que llevará a cabo controles constantes del otorgamiento de prisiones domiciliarias a represores encarcelados por crímenes de lesa humanidad. Solicitó al Poder Judicial que analice cada caso rigurosamente antes de conceder la prisión domiciliaria. La secretaría también participó de más de 70 discusiones en todo el país sobre prisiones domiciliarias, libertad condicional y apartamiento del proceso por problemas de salud en el marco de causas como la “Megacausa ESMA” y muchas otras.

La Secretaría destacó que el cuerpo de peritos creado en agosto del 2021 participa en juntas médicas ante pedidos de beneficios por motivos de salud o planteos de incapacidad de afrontar el proceso penal. Además, en simultáneo, las querellas institucionales de la Secretaría trabajan en las diferentes instancias judiciales para que los condenados cumplan efectivamente su pena en unidades carcelarias y que no se otorguen las prisiones domiciliarias de manera arbitraria.

El organismo recordó uno de los casos más recientes en el que reclamó a la justicia federal de Resistencia que se le revoque este beneficio al represor Jorge Daniel Rafael Carnero por haber violado las condiciones al salir de su casa sin autorización. La coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas es la encargada de recabar y trasmitir a los tribunales la opinión de familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado frente a los planteos liberatorios de los represores.

La Secretaría de Derechos Humanos además realizó un relevamiento de las unidades penales de Ezeiza y de Campo de Mayo, donde se concentra una gran cantidad de detenidos por crímenes de lesa humanidad. La secretaría busca que el Poder Judicial tome todos los recaudos posibles y evitar decisiones arbitrarias que puedan exponer a las víctimas y familiares y comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.