La Confederación Socialista Argentina (CSA) convocó a referentes de más de 30 distritos de las ocho secciones electorales de la provincia en una actividad que se realizó de forma presencial por primera vez. En el marco de este evento, la CSA difundió un comunicado en el que expresan su necesidad democrática de derribar la proscripción política injusta que se ha resuelto judicialmente contra Cristina Fernández de Kirchner y que implica una sanción contra una enorme parte de la sociedad que quisiera expresarle su apoyo electoral.

Además, el documento ratifica el respaldo de los socialistas a Axel Kicillof porque su gestión interpreta las demandas populares y tiene la mirada y el oído puestos en ellas, apoyando su candidatura a la reelección como gobernador.

La declaración es muy crítica respecto de la gestión del gobierno de la alianza Cambiemos, ya que se degradaron las políticas de salud y educación, se desnaturalizó el concepto de servicios públicos, se tomó una deuda descomunal y condicionante del futuro, y se ensayó un marcado ajuste estructural. Todo ello condujo al pronunciado empobrecimiento de la población, señalan.

“A esa realidad se le agregó una práctica estatal, propia de regímenes totalitarios, conocida como Lawfare o Guerra judicial, consistente en la utilización del sistema de justicia para espiar, perseguir, criminalizar y hasta encarcelar a referentes sociales, sindicales y políticos opositores”, puntualiza la declaración.

En el documento, la CSA, que se define como “el lugar de la izquierda, uno de los lugares imprescindibles para construir una sociedad más igualitaria, justa y solidaria”, valora de manera positiva las políticas públicas que implementa el gobierno del Frente de Todos. Estas políticas demuestran el crecimiento de la actividad económica, la disminución del desempleo y el desarrollo de un importante programa de obras públicas, así como la vigencia de variados programas estatales de protección social y cultura popular, y el irrestricto goce de los derechos civiles.

No obstante, señalan que “las reformas estructurales necesarias y esperadas, algunas efectivamente prometidas, no pudieron concretarse” y que “sigue pendiente la toma de decisiones terminantes en política económica encaminadas, fundamental y prioritariamente, a distribuir con equidad los recursos, bienes y servicios que hacen a la vida digna del pueblo”.